Marchamalo se une a una reclamación conjunta en el Tribunal Constitucional contra la nueva ley, y reclama excesos de Hacienda al retener su PIE

El Ayuntamiento de Marchamalo se sumará a las acciones legales que otras 3.500 administraciones locales en toda España iniciarán en los próximos días en el Tribunal Constitucional en contra de la nueva Ley de la Administración Local aprobada con los votos en solitario del PP en el Congreso. También se aprobó, con la abstención del PP y sin apenas debate, el traslado de un recurso al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo a la toma de medidas judiciales por el exceso en la retención que está haciendo sobre la PIE de Marchamalo a cuenta de la deuda acumulada de otros municipios en la Mancomunidad Vega del Henares.

El pleno extraordinario de hoy en el Ayuntamiento de Marchamalo ha tenido una significativa carga judicial, debido a la premura requerida para el inicio de sendos recursos ante la justicia ordinaria frente a la acción del Gobierno de la Nación en dos asuntos que pueden lesionar gravemente de los intereses de los vecinos de Marchamalo, la nueva Ley de la Administración Local y las retenciones sobre su Participación en los Impuestos del Estado (PIE) que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está practicando a Marchamalo por la deuda contraída con la Mancomunidad Vega del Henares (MVH).

En el primer punto del orden del día se acordó la adhesión del Ayuntamiento de Marchamalo al proceso judicial por el cual más de 3.500 consistorios de toda España van a personarse ante el Tribunal Constitucional para que paralice y anule la entrada en vigor de la nueva Ley de reforma de la Administración Local, aprobada el pasado mes de diciembre en solitario por el Grupo Parlamentario del PP, en contra de todos los demás partidos políticos, e incluso también de la posición de algunas administraciones locales regidas por concejales suyos.

Para que un grupo de ayuntamientos pueda presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional se requiere que sumen al menos un séptimo del total de municipios de toda España que representen al menos un sexto de toda la población del país, por lo que una iniciativa de estas características no se había producido jamás en nuestra historia hasta ahora, cuando se han reunido más del doble de los apoyos necesarios llegando a sumar una representación superior a 15 millones de los ciudadanos españoles.

El Alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, resumió la postura su gobierno municipal en que “nosotros no nos oponemos ni a una racionalización del gasto, ni a una clarificación de competencias, cosas que en Marchamalo venimos haciendo desde hace muchos años, a lo que nos oponemos es a las imposiciones unilaterales de una norma con multitud de indefiniciones que afectan a la autonomía local que nos otorga la Constitución y a los servicios que van a poder percibir nuestros vecinos”. Ante ello, el PP fundamentó su voto en contra en que, “es una ley necesaria para garantizar el funcionamiento y financiación de los ayuntamientos a la que el PSOE no se ha querido sumar”.

En su réplica, Esteban se refirió a los profundos claroscuros que quedan en la nueva Ley, ya en vigor: “su partido ha sacado esto adelante sin contar con los ayuntamientos y no ha sido capaz de conseguir el apoyo de ni una sola de las demás fuerzas políticas de nuestro país. Estamos hablando de la prestación de servicios que recibe nuestra gente y que se queda en el aire, ¿qué pasa ahora si dejamos de prestar los Servicios Sociales, que no son de nuestra competencia?”.

( SIGUE )

27/02/2014