Se aprobaron gracias al consenso alcanzado entre IU y PSOE tras su debate en el pleno, al que no se sumó el grupo del PP, que se abstuvo.

Las mociones presentadas por el concejal de IU, Ricardo de Diego, se aprobaron tras el consenso en su redacción con el grupo del PSOE, acuerdo al que no accedió el grupo del PP al contrario de lo sucedido hace escasas fechas en el Ayuntamiento de Azuqueca. En ambas se respaldan las reivindicaciones tanto de los enfermos de Hepatitis C, como las de las familias con niños de entre 3 y 6 años con dificultades para el aprendizaje. La mayor parte de los puntos del orden del día, de carácter técnico, salieron aprobados por unanimidad, siendo el principal acuerdo el que servirá para incautar la fianza depositada por la empresa urbanizadora de los sectores SP.od.56 y Sp.pp.52, con el objeto de que sea el Ayuntamiento quién subsane las deficiencias documentadas que no han sido solucionadas en los plazos establecidos.

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El pleno del Ayuntamiento de Marchamalo ha sacado adelante hoy la totalidad de los puntos del orden del día propuestos por el Equipo de Gobierno con la imperante unanimidad de todos los concejales, dado el carácter eminentemente técnico de los asuntos a tratar. En ninguno de los puntos a debate, incluidas las mociones presentadas por el concejal de IU, se ha registrado ningún voto en contra, a pesar de lo enconado de un debate avivado en algunos momentos por los calificativos de la portavoz del PP en Marchamalo.

De este modo, se ha aprobado una modificación de tasas para la utilización del pabellón polideportivo del Complejo ‘Llanos Manrique’, que rebaja sensiblemente sus cuantías para el usuario en todos los tramos, a excepción del abono de 10 usos; el pago de dos facturas por servicios prestados atrasadas y reconocidas a las empresas que han gestionado el Complejo Deportivo ‘García Fraguas’ en 2014, y la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Jefatura Provincial de Tráfico que viene a ratificar por escrito el trabajo que habitualmente ya se viene haciendo entre los cuerpos de Policía Local y la Guardia Civil.

El punto más significativo fue el acuerdo unánime para la incautación de la fianza depositada en el año 2004 por la empresa urbanizadora de los sectores SP.od.56 y Sp.pp.52 debido a los incumplimientos debidamente documentados en la correcta ejecución de su trabajo, referente a la finalización de dos de los tres nuevos puentes proyectados sobre el Canal del Henares, el grosor de la capa de asfalto comprometida en buena parte de los viales, y las reparaciones pendientes en algunas de las zonas verdes. Valorado el coste de estos trabajos se ha propuesto la incautación total de las fianzas, acción que en ningún caso tendrá repercusión económica para los actuales propietarios de las parcelas.

APOYO A ENFERMOS DE HEPATITIS C Y NIÑOS CON DIFICULTADES

En el pleno también se debatieron dos mociones presentadas por el concejal de IU, Ricardo de Diego, y que lograron el apoyo del grupo municipal del PSOE tras el debate y consenso en su texto y puntos finales del acuerdo.

El grupo del PP se abstuvo en ambas, aunque el debate fue enconado ante las descalificaciones de la portavoz del PP que llegó a tachar de “nauseabundo” el hecho de que se trataran dos temas referentes a las reivindicaciones de estos colectivos afectados por los recortes sanitarios en el pleno, según ella, “con el único afán de arañar unos votos, cuando la nuestra es la mejor sanidad del mundo”.

En primer lugar se trató la moción aprobada en apoyo a las actuales reivindicaciones de los enfermos afectados por la Hepatitis C, para que la sanidad pública les proporcione un tratamiento con alguno de los nuevos fármacos recientemente descubiertos de probada eficaz en su tratamiento. En ella se reclama que el Estado tome las medidas necesarias para que el tratamiento se extienda a todos ellos enfermos que lo precisen.

En segundo lugar se debatió y aprobó también con los votos de IU y PSOE otra moción de apoyo a las reivindicaciones de las familias de niños con dificultades sensoriales, motoras o cognitivas que afectan a su capacidad de aprendizaje, por las cuales reclaman que los centros de Atención Temprana de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sigan prestándoles cobertura pública también entre los 3 y 6 años como hasta ahora.

Según la última norma que pretende aprobar el Gobierno Regional, estos niños quedarían fuera de la cobertura de los centros de Atención Temprana para recibir únicamente el apoyo especial que se les pueda prestar en los centros educativos públicos, algo del todo insuficiente para el correcto tratamiento de sus especiales dificultades para el aprendizaje a una edad aún crítica.

03/02/2015