sanchez socelecSocelec acogió una reunión donde el diputado socialista se comprometió en un proyecto para «reindustrializar el Corredor del Henares».

  

La sede de Schréder Socelec ha acogido esta mañana la reunión que han mantenido representantes de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial del Henares (AEPIH) con el Alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, acompañado por sus concejales, el Alcalde de Azqueca de Henares, y el diputado y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez. En ella han trasladado a los representantes públicos cuáles son las principales necesidades de las empresas del que es el polígono industrial con mayor producción de la provincia de Guadalajara.


  

Una nutrida representación de empresarios pertenecientes a la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial del Henares (AEPIH), que agrupa al 90% de las empresas situadas en el área industrial más importante de la provincia de Guadalajara (cuarta en el ránking regional), ha mantenido hoy una reunión con el Alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, el Alcalde de Azuqueca, Pablo Bellido, y los diputados nacionales Jesús Alique y Pedro Sánchez, a la sazón Secretario General del PSOE. 

Los empresarios, encabezados por con Carlos López, Director General de Schréder Socelec, sede del encuentro, y José Carracedo, Presidente de la AEPIH, han aprovechado para trasladar a los presentes las principales necesidades de las empresas de la zona, como son la mejora de las infraestructuras o la rebaja de los costes derivados de la energía, obteniendo el compromido de Sánchez para ejecutar «un plan que consiga reindustrializar el Corredor del Henares». 

El Polígono Industrial del Henares tiene una superficie de 190 hectáreas donde se asientan un centenar de empresas que emplean a más de 3.500 trabajadores, con BASF Coatings, Lactalis-Nestlé, Cofares-Farmavenix y Schréder Socelec entre las más importantes, todas ellas asentadas en término municipal de Marchamalo. La ampliación del polígono, que tiene desde hace años todos los trámites administrativos aprobados sólo a falta de su urbanización, supondría poner en el mercado otras 70 hectáreas, estando su ejecución en manos de la empresa estatal SEPES.

 

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