El Alcalde, Rafael Esteban, y la Consejera de Fomento, Elena de la Cruz, han suscrito el convenio que ratifica este compromiso.

Rafael Esteban, Alcalde de Marchamalo, ha firmado esta mañana junto a la Consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, el convenio de colaboración que regirá las relaciones entre las dos instituciones para aplicar el protocolo del programa de asistencia, asesoramiento e intermediación hipotecaria que necesiten aquellas familias que estén en riesgo de perder su domicilio habitual. En la práctica la colaboración se viene dando desde los Servicios Sociales Municipales desde que se abrieron las oficinas hace unos meses, y este acuerdo oficializa el compromiso de ambas instituciones.

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Con el propósito de ayudar a las familias que tienen dificultades para hacer frente al pago de los préstamos hipotecarios, el Alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha firmado junto a la Consejera de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, un convenio de colaboración entre las dos instituciones que servirá para establecer el protocolo a aplicar en el programa de asistencia, asesoramiento e intermediación hipotecaria que necesiten aquellas familias que estén en riesgo de perder su domicilio habitual.

El convenio firmado hoy supone una vía de intermediación entre estas personas con dificultades y la entidad bancaria, proporcionando una herramienta con la que luchar “a aquellos de nuestros vecinos que tienen problemas para pagar la hipoteca, pasan por una situación económica precaria debido a la crisis y además los bancos les ponen trabas para renegociar las condiciones de unos préstamos con mucha pequeña o hasta cláusulas abusivas», ha resumido Esteban, quién subraya que «las administraciones debemos estar ahí para echarles una mano, pero los ayuntamientos pequeños no podemos esta ayuda que ahora sí nos proporciona el nuevo gobierno de la Junta”.

Se abre así una nueva vía de comunicación e intermediación entre estas personas y los acreedores, con el asesoramiento de la administración, que velará por el interés de los afectados. Los interesados recibirán información y ayuda para encontrar una solución consensuada que ponga fin a un posible proceso de ejecución hipotecaria, bien planteando medidas correctoras que permitan a las familias mantener el pago de las cuotas, bien negociando medidas alternativas que conduzcan a la conservación de la vivienda.

Para poner en práctica esta labor de apoyo está abierta desde hace unos meses una oficina en la sede de la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara, junto a la Delegación de Agricultura, donde se atenderán todos los casos.

Según ha indicado la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, los ayuntamientos firman sin ninguna contraprestación económica, ya que el coste de mantenimiento de la red de oficinas la asume íntegramente la Junta de Comunidades, bien a través de su propio personal o de los dos convenios firmados con los Colegios de Abogados donde están físicamente las oficinas (las cinco capitales de provincia y Talavera de la Reina) y el Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha.

EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

Elena de la Cruz ha aclarado que el papel de los ayuntamientos es “esencial” porque “el tiempo es oro” en los casos de ejecuciones hipotecarias en marcha. “Las oficinas están consiguiendo paralizar lanzamientos en días”, por lo que ha destacado la importancia de que “la administración más cercana al ciudadano” canalice los casos de riesgo hacia la correspondiente oficina provincial en cuanto tienen noticias de que una familia está en riesgo de perder su vivienda. Para ello las familias deben dirigirse a los Servicios Sociales Municipales.

Además ha reseñado que los ayuntamientos que se adhieren ponen a disposición de la red sus propios recursos para “sumar, que es lo que quiere el ciudadano, que trabajemos unidos para resolver los problemas de quien lo está pasando mal”. En concreto, el Ayuntamiento de Marchamalo ya está realizando tareas difusión, información, elaboración de informes, intermediación, búsqueda de alternativas habitacionales a los afectados por una ejecución hipotecaria y participación en las actividades de formación.

Hasta ahora, de los 457 casos atendidos en toda la región, un total de 227 han terminado con un expediente abierto en cualquiera de las cuatro líneas de ayuda que ofrecen las Oficinas de Intermediación Hipotecaria. Toledo es la provincia con mayor incidencia, con 139, seguida de Albacete con 115. En Guadalajara, la OIH ha atendido a un total de 60 familias.

17/02/2016