El pleno acuerda realizar una campaña para fomentar el empadronamiento, paso previo y esencial para conseguir mejores servicios públicos.

Marchamalo realizará una campaña para fomentar el empadronamiento. La propuesta surgió del debate iniciado por una moción presentada por el PP para reclamar a la Junta una consulta médica y otra pediátrica de tarde en el Centro de Salud ‘La Campiña’, que atiende a la población de Marchamalo y la vecina entidad local de Usanos, dependiente de Guadalajara. Este Centro de Salud necesita algo menos de 400 tarjetas médicas más para alcanzar la ratio que le permita incorporar un nuevo médico de familia que atienda por las tardes, por lo que se iniciará una campaña que estimule el empadronamiento, imprescindible para poder lograr este servicio.  También se acordó por unanimidad el inicio de las acciones legales oportunas para la defensa de la vigencia del Acuerdo de Desanexión con Guadalajara, el cual regula la prestación de servicios entre ambos municipios desde el año 1999.

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El pleno del Ayuntamiento de Marchamalo, reunido esta mañana en sesión ordinaria, ha acordado llevar a cabo una campaña para el fomento del empadronamiento entre los habitantes de la localidad, recordando que este trámite administrativo es imprescindible para que el municipio tenga acceso a mejores servicios públicos tanto sanitarios, como educativos o de toda índole, al recibir también más aportación económica a través de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado), fuente por la que se percibe una cantidad de los impuestos recaudados a nivel nacional, como el IVA o el IRPF, proporcional a la población de cada municipio.

El acuerdo ha surgido en el debate de la moción presentada por el PP para “reclamar a la JCCM la apertura del Centro de Salud de Marchamalo por las tardes para consultas de atención primaria y pediátrica, con refuerzo del equipo médico”, que ha salido adelante por unanimidad, eso sí, tras sumar al acuerdo la vinculación de esta petición a la realización de dicha campaña de fomento del empadronamiento en la localidad “que permita alcanzar las apenas 400 tarjetas sanitarias que ahora mismo se necesitan para que nos corresponda otro médico más que pueda atender por las tardes”.

La moción ha suscitado posiciones encontradas por su exposición de motivos, en la que tanto el PSOE como IU han afeado al PP “la inclusión de afirmaciones que no son ciertas, sobre todo diciendo que desde aquí no defendemos la sanidad pública cuando fue su partido el que callaba cuando Cospedal intentó quitar el servicio de Urgencias a Marchamalo”, pero finalmente se ha alcanzado el acuerdo después de la explicación dada por el Alcalde, Rafael Esteban.

“Parece que dieran ustedes a entender que la presencia de un médico o un pediatra por las tardes en el Centro de Salud la toma algún político de forma arbitraria, y no es así. Hay unos ratios de tarjetas sanitarias por centro que hay que cumplir, y a nuestro centro le faltan solo unas pocas para alcanzarlo”, ha aclarado Esteban, quien subraya que “es por esto, o por la previsión de plazas disponibles en los colegios, por lo que damos ventajas a los empadronados, favoreciendo que la gente no solo duerma aquí, sino que haga su vida aquí”.

El número de personas empadronadas es determinante a la hora de percibir mayor variedad y mejores servicios públicos dependientes de otras administraciones, como lo es en este caso la sanidad, dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por delegación del Estado, de quien recibe fondos en función de la población de derecho, es decir, empadronada y a efectos legales, habitantes en un territorio.

ACCIONES LEGALES PARA DEFENDER EL ACUERDO DE DESANEXIÓN

En el resto de la sesión, la unanimidad a seguido siendo la tónica dominante, también en la toma de acuerdo para el inicio de las acciones judiciales que sean necesarias para la defensa de la vigencia de los acuerdos expresados y firmados en el Acuerdo de Desanexión firmado el 31 de diciembre de 1998 por la Comisión Gestora de la por entonces EATIM de Marchamalo y el Ayuntamiento de Guadalajara, sin óbice para que estos puedan ser revisados y adecuados a las nuevas realidades surgidas durante estos últimos 20 años tras la debida negociación entre las partes.

En concreto, se ha acordado interponer de forma inmediata un recurso en el tribunal de lo contencioso-administrativo frente a un acuerdo reciente tomado por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara mediante el cual se pretende cobrar al municipio gallardo el suministro de agua potable que se presta al Polígono Industrial del Henares desde la parte de Guadalajara a la de Marchamalo a través de la empresa Guadalagua, como si de un cliente más se tratase, lo que supondría un importantísimo incremento de los costes actuales, dado que Marchamalo paga por ese servicio a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

Esta acción ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Marchamalo frente al de Guadalajara por la vía administrativa, siendo denegada, por lo que el pleno ha decidido unánimemente iniciar la reclamación pertinente en los juzgados, toda vez que “se están vulnerando claramente los acuerdos que tenemos firmados en el Acuerdo de Desanexión y que hasta ahora han regido la forma en la que se presta dicho servicio en el polígono y nosotros pagamos por él”, ha resumido el Alcalde, quien ha señalado que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ya ha fallado favorablemente sobre la vigencia de este convenio a instancias de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

“Durante el último año el Ayuntamiento de Guadalajara ha realizado obras en la red de suministro de agua potable del Polígono del Henares, justo en el límite con nuestro pueblo, instalando llaves de corte y caudalímetros. Nosotros no tenemos nada que decir, es más, nos alegramos de que gracias a esa inversión se pueda saber exactamente cuánto agua consumen las empresas de Marchamalo para poder pagar exactamente por ese consumo, pero lo que no es de recibo es que el actual gobierno de Guadalajara quiera decretar unilateralmente las condiciones del cobro”, ha señalado Esteban, quien revela que, “nosotros ya hemos propuesto la redacción de un nuevo protocolo, puesto que la parte de la Ciudad del Transporte que pertenece a Guadalajara necesita agua que viene de nuestra red”.

De hecho, no es este el único asunto relativo al acuerdo que regula las relaciones en la prestación de servicios que comparten los dos municipios que preocupa en Marchamalo, puesto que “parece que la intención de Guadalajara es la de romper lo firmado entonces para el año 2020”. Es por esto que el pleno también ha acordado hoy realizar una nueva consulta al Órgano Consultivo de CLM, esta vez en lo relativo al Convenio en su conjunto.

REGRESO A LA JORNADA LABORAL DE 35 HORAS

También ha sido unánime la votación para respaldar el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación Laboral con los sindicatos para el regreso de los trabajadores municipales a la jornada laboral de 35 horas, la cual fue ampliada por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 a 37,5 horas a la semana. La nueva ley de presupuestos del Estado de 2018 ha permitido que tanto la administración regional como la local pueda revertir esta medida, por lo que hoy se ha tomado este acuerdo de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores públicos junto con otras, como una bolsa de horas para atender asuntos familiares, o un complemento por incapacidad laboral transitoria sujeto a inspecciones.

El único de los asuntos que el consistorio gallardo ha acordado sin unanimidad ha sido el tomado para seguir peleando en los tribunales los derechos de Marchamalo a tener presencia, con voz y voto, en los órganos de decisión del Consorcio Provincial de Residuos. Esta entidad fue creada por la Diputación Provincial para la gestión y reciclaje de los residuos sólidos urbanos de toda la provincia, contando con un órgano de decisión en el que todos los municipios tenían presencia, órgano que fue eliminado bajo la presidencia de Ana Guarinos siendo sustituido por una gerencia compuesta de solo tres representantes.

La denuncia presentada ante esta medida en el juzgado por Marchamalo y otros seis municipios fue inicialmente desestimada, “pero nuestros abogados nos aseguran que tiene muchas posibilidades de salir adelante con un recurso”, ha señalado el Alcalde, indignado ante un acuerdo “que vulnera el espíritu con el que se creó el Consorcio, y que quita a los pueblos la posibilidad de expresar sus necesidades y votar. Si mañana nos suben el precio por tonelada de residuos vertida en la planta de Torija, no tenemos posibilidad ni de quejarnos”.

Solo los concejales del PP han votado en contra de presentar dicho, asegurando que “según nos informan, no valdrá para nada”, ante lo que el Alcalde ha concluido que “nunca debemos dejar de luchar por nuestros derechos solo por miedo”.

04/12/2018