Marchamalo ya paga a la MAS por el agua del P.I. del Henares, y a Guadalagua por la depuración, estando todos los pagos al día.

El Alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha comparecido hoy ante los medios junto con Manuel Andradas, vocal en la MAS, para ofrecer los detalles sobre el proceso judicial abierto con Guadalajara por el suministro de agua del P.I. del Henares y demostrando la falsedad de lo declarado por Carnicero. El que fuera vicealcalde de Guadalajara en el anterior gobierno de Román, aseguró ante los medios que Marchamalo debe más de 700.000 € más en concepto de suministro de agua y depuración a la capital, lo cual es terminantemente falso ya que Marchamalo ya paga por estos conceptos a la Mancomunidad Aguas del Sorbe y a Guadalagua, no al Ayto. de Guadalajara.

> Cronología del conflicto con el Ayto. de Guadalajara

> Dictamen del Órgano Consultivo de Castilla-La Mancha

El Alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación junto con el vocal municipal en la MAS, Manuel Andradas, para dar respuesta a las acusaciones vertidas por el que fuera vicealcalde de Guadalajara y ahora portavoz del PP en la capital, Jaime Carnicero, en las que aseguraba que el Ayuntamiento de Marchamalo debe más de 700.000 euros al de la capital en concepto de suministro de agua y saneamiento de la parte del Polígono Industrial del Henares que pertenece a Marchamalo, además de por la depuración de las aguas fecales de este municipio en la depuradora de Guadalajara. Desde Marchamalo se niega categóricamente esta afirmación, ya que estos servicios se pagan a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (agua potable) y a Guadalagua (depuración).

Rafael Esteban ha ofrecido ante los medios toda la documentación que consta en el procedimiento judicial en el que ambas partes están inmersas por este motivo, en el que, muy al contrario de lo que afirma Jaime Carnicero, a día de hoy, no figura ni un solo dato ni de medición de consumos ni de facturación realizada por el Ayuntamiento de Guadalajara al de Marchamalo por estos conceptos, “luego es imposible que debamos un céntimo de euro a Guadalajara, porque además ya pagamos por ello a la MAS y a Guadalagua todo lo que nos facturan en base a lo que nos corresponde según el Acuerdo de Desanexión del año 1999, modificado después en el año 2000 para establecer de forma exacta cuánto tenía que pagar Marchamalo por estos conceptos”.

Siendo consciente de ello, Carnicero “no solo ha mentido en esto, sino que tampoco se nos ha hecho llegar medición alguna a Marchamalo por ningún otro medio, y menos aún una valoración económica de esa supuesta deuda que no sabemos en qué mediciones técnicas ni tarifas se basa”. El conflicto abierto por el anterior gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara cuando a principios de 2018 realizó unas obras de separación de la red compartida que existía en el P.I del Henares, con perjuicios para la actividad de las empresas emplazadas allí, con el objetivo de poder controlar al flujo de agua que llega a Marchamalo “como si del muro de Donald Trump se tratase”, tiene una sencilla solución para Esteban, “sentarnos a negociar en serio en una mesa los representantes de ambos ayuntamientos, con los técnicos y nuestros equipos jurídicos para actualizar aquel Acuerdo de Desanexión de una forma justa para todos los implicados, que es a lo que nos comprometimos el nuevo Alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, y yo en la reunión que mantuvimos el lunes”.

De hecho, según la documentación aportada por el Alcalde de Marchamalo y que está incluida en el procedimiento judicial, las mediciones de los contadores de las empresas situadas en la parte del P.I. del Henares perteneciente a esta localidad apuntan a un consumo mucho mejor del que se viene pagando a la MAS en virtud del Acuerdo de Deanexión, que fijó en un 10,02% de todo el consumo de agua de Guadalajara lo que Marchamalo debía pagar en años sucesivos por este servicio. “Según los cálculos de nuestros técnicos, en estos últimos 8 años hemos pagado un exceso de 1,8 millones de metros cúbicos de agua que nosotros no hemos consumido, y por eso en el año 2010 pedimos por escrito a Guadalajara el inicio de las conversaciones para la revisión del Acuerdo de Desanexión. Nunca las hubo y en 2018 intentaron imponernos su criterio”.

EL INICIO DEL CONFLICTO JUDICIAL, EN 2018

Es a partir de un decreto firmado por Jaime Carnicero en abril de 2018, por delegación de Antonio Román, cuando se inicia el conflicto judicial, ya que ordena a Guadalagua empezar a emitir recibos por el consumo del agua del P.I. del Henares a Marchamalo con una tarifa impuesta unilateralmente, cuando Marchamalo ya paga por ese servicio de suministro de agua a la MAS. Los recursos del Ayuntamiento de Marchamalo son denegados y eleva su negativa al juzgado, donde la causa sigue pendiente.

Donde sí se ha resuelto ya el conflicto en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, donde Carnicero, como vocal delegado por el Ayuntamiento de Guadalajara, presentó una reclamación pidiendo que se dejara de aplicar el Acuerdo de Desanexión y los cobros a Marchamalo por el agua que consume en el P.I. del Henares. La Asamblea de la MAS, votó a favor de que se elevara consulta jurídica al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha sobre qué debía prevalecer, si lo estipulado por el Acuerdo de Desanexión del año 2000 o el criterio unilateral que pretendía aplicar Antonio Román desde Guadalajara, obteniendo respuesta el pasado mes de noviembre de 2018 en la que este órgano colegiado señala de forma clara que el único documento legal vigente para regular este servicio es el Acuerdo de Desanexión que ya se está aplicando.

Al mes siguiente Guadalagua envía una carta al Ayuntamiento de Guadalajara en la que dice que no puede ejecutar la orden emitida por Carnicero para el cobro por estos conceptos al Ayuntamiento de Marchamalo, y desde entonces se vienen pagando “todas las facturas que llegan puntualmente a este Ayuntamiento tanto de Guadalagua por la depuración de aguas como a la MAS por el suministro de agua, de cuyo pago estamos al día”, ha confirmado con rotundidad Esteban.

“Carnicero miente a sabiendas sobre esto, porque fue presidente de la MAS y vicealcalde, y sabe que no debemos ni un céntimo a Guadalajara, y que el único documento legal válido para regular esta relación es el Acuerdo de Desanexión del año 2000. En estos 12 años ha demostrado ser una persona dañina para la política, y por eso los vecinos de Guadalajara le han echado del gobierno. Además, ya no es un interlocutor válido, por lo que no hablaré más de él y nos centraremos en el nuevo acuerdo que debemos blindar frente a políticos frívolos”.