La Nochevieja del año 1998 es para cualquier marchamalero una de esas fechas que nunca se olvidan. Se quedan ahí, grabadas en el inconsciente colectivo, eso que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Aquel 31 de diciembre el por entonces alcalde de Guadalajara, José María Bris, y el alcalde pedáneo de Marchamalo, Juan Armando Monge, se fundieron en un abrazo inmediatamente después de firmar el convenio definitivo que regiría el proceso de desanexión de la población gallarda con respecto de la capital de la provincia.
En ese momento, Marchamalo volvía a ser un municipio autónomo después de 26 años unido administrativa y legalmente a Guadalajara, acontecimiento tan largamente esperado que no fue de extrañar que la fiesta posterior, con música, baile y fuegos artificiales se alargara hasta bien entrada la madrugada del 1 de enero del año 1999, el primer día de Marchamalo como municipio autónomo desde 1973.
Pero lo cierto es que esa alegría colectiva a las puertas del nuevo siglo había sido más que controvertida durante las casi tres décadas anteriores. El proceso de anexión y de desanexión de Marchamalo, siempre entre los cinco municipios más grandes de la provincia, fue polémico ya desde su raíz, cuando a las puertas del final de la dictadura franquista el pueblo se vio envuelto en un proceso generalizado de agrupamiento de municipios determinado desde el Consejo de Ministros y por Decreto, como por entonces era habitual. Así, de un plumazo, se ponía fin a 350 años de autogobierno en Marchamalo, contados a partir del momento en el que sus vecinos, con su propio sudor medido en reales, lograron su condición como villazgo.
“Todo fue causa de un decreto que estaba en marcha. Venían a por nosotros, por las buenas o por las malas, y fue cuando pensé que sería mejor por las buenas”, declaró ya en 1999 Antonio del Vado, alcalde de Marchamalo al que le tocó ver cómo un pueblo de más de tres mil habitantes, en un emplazamiento privilegiado y con una industria incipiente perdía su autonomía, mientras que a él le despojaban de su cargo. La tímida, por inerte, reacción ciudadana no logró modificar los designios del Gobierno, como cabía esperar, comenzando así un proceso de dependencia del que sería complicado zafarse en el futuro.
Con la llegada de la democracia y las elecciones libres el PSOE no tardaría en hacerse con el timón en el Ayuntamiento de Guadalajara, pasando a ser uno de sus militantes alcalde pedáneo de Marchamalo. Desde entonces Fernando Olalla se convertiría en un emblema para los marchamaleros, no ya únicamente por su compromiso con su pueblo, sino también por su determinante papel en el proceso de desanexión y el desafortunado momento en el que llegaría su muerte.
En medio de un fuego cruzado en la lucha por la alcaldía de Guadalajara, Olalla tuvo que defender los intereses de Marchamalo como municipio con tino y cautela. Mientras que el voto marchamalero se revelaba como determinante en las urnas que decidían el color del gobierno de la capital, Olalla conseguiría convencer a sus compañeros de partido de la necesidad de que Marchamalo avanzara en su autogobierno, constituyéndose en 1994 como Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM).
Para entonces la dependencia respecto a Guadalajara ya no era ninguna tontería, debido a la existencia de servicios totalmente vinculados a la ciudad vecina, caso de la depuradora, la policía municipal, el servicio de recogida de basuras o la línea de autobús urbano. Un vínculo práctico que nada tenía que ver con la historia, pero cuyos lazos se antojaron casi tan fuertes como los de cualquier pareja de gemelos. La EATIM pronto se demostró ineficiente para con las demandas de los vecinos de un municipio que incluso había aumentado significativamente su población, pero la despreocupación y las comodidades del vínculo con Guadalajara hicieron que la balanza se mantuviera equilibrada.