BONIFICACIÓN DE PLUSVALÍAS PARA DESAHUCIADOS
Con respecto a la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto por el Incremento de Valor de los Terrenos, más conocida como plusvalía, el acuerdo lo que pretende es paliar en la medida de lo posible para la administración local una parte de la problemática suscitada en torno a las posibles ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales que pudieran darse en Marchamalo. La falta de atención prestada a la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso de los Diputados a este respecto previamente a la elaboración de la nueva Ley Hipotecaria española, ha suscitado este acuerdo municipal, pionero en la provincia de Guadalajara, por el cual el consistorio marchamalero tratará de paliar en lo posible la enormemente difícil situación de quienes se ven afectados por un desahucio.
De esto modo, la propuesta socialista radicará en la trasmisión del pago de este impuesto a aquellas entidades bancarias que realicen un proceso de dación en pago, evitando esta obligación a la familia que se ve privada de su vivienda habitual y que, hasta ahora, era quién debía hacer frente a su abono.
Además, y puesto que la ley no permite esta variación en el caso de las ejecuciones hipotecarias, el Alcalde anunció que se creará un sistema por el cual se subvencionará en su totalidad el pago de este impuesto a los afectados, siempre en los casos en los que se trate de su vivienda habitual. Para ello, según explica el primer edil marchamalero, «dispondremos el montante contemplado en la Cuenta de Contingencias Comunes para la subvención de esta plusvalía a las familias afectadas, siempre con el informe previo de los Servicios Sociales. Este Ayuntamiento no quiere el dinero de una familia desahuciada que, en una situación de exclusión social, tuviera que someterse al pago de la plusvalía».
En su alocución, Esteban apuntó su deseo de que no sea necesario tener que disponer cantidad alguna de este fondo de contingencia, «pero tenemos que establecer las herramientas que sean posibles para atender estos casos que suponen una situación dramática en casos ya de por si tremendamente complicados para quienes los están padeciendo».
TASAS DEPORTIVAS, CAMPAMENTO URBANO Y LIMPIEZA DE SOLARES
Durante la sesión plenaria también se tomaron acuerdos para la modificación de las ordenanzas que regulan los precios públicos del Campamento Urbano, que rebaja su precio a los 25 euros para empadronados y los 29 euros para no empadronados, gracias a la oferta planteada por una nueva empresa; y las tasas relativas a la práctica deportiva que se presta bajo promoción municipal.
La ordenanza de tasas deportivas contempla una reconfiguración de actividades, primando la subvención de aquellas que se consideran como deporte básico respecto al resto, que verán adaptado su precio progresivamente al coste real de la actividad. La mayor parte de los precios públicos relativos a la prestación de servicios públicos se congela, con incrementos en sólo algunas de ellas que varían del 3 al 12 por ciento, «siempre sin perder la competitividad con respecto al precio de las actividades que se prestan en las localidades de nuestro entorno», según quiso subrayar el Concejal de Deportes, Manuel Andradas.
Además, se fomentará el uso de las instalaciones en horario de mañana, con importantes ofertas sobre las tarifas básicas y, en especial, en la piscina cubierta del Complejo Deportivo ‘García Fraguas’; así como el pago de cuotas de carácter anual, que contarán con la posibilidad de fraccionar el abono en dos mensualidades consecutivas además de beneficiarse de un significativo ahorro.
Por su lado, la Ordenanza de Limpieza y Vallado de solares modifica sus sanciones, con variaciones entre un mínimo de 600 euros hasta un máximo de 6.000 euros, a las que sólo se sumará el coste de los trabajos de desbroce que se vea obligado a llevar a cabo el propio consistorio en caso de que éste supere al de la sanción mínima. Todo ello con el objetivo de que, ya en este verano se hagan efectivos todos los cobros de multas derivadas del posible incumplimiento de esta ordenanza por parte de los dueños de parcelas urbanas o urbanizables.
